Operativos contra Uber, Picap y DiDi en Bogotá: cambios clave que conductores deben conocer
El Concejo de Bogotá aprobó un acuerdo para frenar abusos en la imposición de los comparendos D12.
En Colombia, las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify han transformado la movilidad urbana, conectando a millones de personas con servicios rápidos y accesibles. Se estima que más de ocho millones de colombianos usan estas plataformas para sus desplazamientos diarios, con una concentración significativa en Bogotá. La capital, por sí sola, cuenta con más de cuatro millones de usuarios y aproximadamente 300.000 conductores que prestan este servicio.
Sin embargo, este modelo de negocio sigue enfrentando un obstáculo crucial: la ilegalidad. La legislación colombiana actual considera estas actividades como un servicio no autorizado, exponiendo a los conductores a sanciones severas. Entre las más temidas está el comparendo D12, que implica una multa que puede alcanzar 1.300.000 pesos colombianos, un golpe duro para quienes dependen de estas plataformas como medio de sustento.
Un problema más allá de la multa: denuncias de abuso
El panorama se complica por las numerosas denuncias de abusos cometidos por agentes de tránsito en el marco de los operativos contra estas aplicaciones. Conductores han reportado prácticas que, según ellos, vulneran sus derechos, como:
Interrogatorios indebidos a conductores y pasajeros, realizados sin respetar el debido proceso.
Retención arbitraria de celulares, una acción que muchos consideran una invasión a la privacidad.
Imposición de doble comparendo por la misma infracción, lo que genera una carga económica injusta para los afectados.
Estas situaciones han llevado a un creciente descontento, tanto entre conductores como usuarios, quienes demandan que las autoridades actúen con respeto y transparencia en los procedimientos.
El Concejo de Bogotá toma medidas
En respuesta a esta problemática, el Concejo de Bogotá aprobó el pasado 3 de diciembre un proyecto de acuerdo que, aunque no elimina los comparendos D12, busca garantizar que estos se impongan dentro de un marco de justicia y respeto a los derechos fundamentales.
El proyecto, liderado por los concejales Juan Daniel Oviedo, Daniel Briceño y Sandra Forero, ahora espera la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en normativa oficial.
¿Qué cambios introduce esta normativa?
El objetivo principal de esta nueva regulación es garantizar un debido proceso en los operativos contra conductores de apps de transporte y prevenir posibles abusos de autoridad. Entre las medidas clave se encuentran:
- Cumplimiento del debido proceso:
Los agentes de tránsito deberán realizar los interrogatorios y procedimientos respetando las normas constitucionales y sin vulnerar los derechos de los involucrados. - Prohibición de sanciones múltiples:
Se busca evitar que los conductores sean sancionados más de una vez por la misma infracción, eliminando así el riesgo de abusos. - Respeto a la privacidad:
Los operativos no podrán incluir acciones que violen la intimidad de conductores y pasajeros, como la retención arbitraria de teléfonos o la revisión indebida de información personal. - Regulación en la inmovilización de vehículos:
Este proceso deberá cumplir con todas las garantías legales, evitando que los conductores se enfrenten a prácticas desproporcionadas. - Capacitación para los agentes de movilidad:
El Distrito estará encargado de formar a los agentes de tránsito para que actúen conforme a la ley y respeten los derechos de los ciudadanos.
Un paso hacia una regulación más justa
Aunque el proyecto no elimina la sanción del comparendo D12, busca instaurar un sistema más justo que proteja a los conductores de situaciones abusivas. Según el concejal Daniel Briceño, esta normativa “establece requisitos mínimos de debido proceso y garantías constitucionales en el momento de la imposición del comparendo”.
Por su parte, el concejal Juan Daniel Oviedo enfatizó que, si bien el comparendo seguirá siendo aplicado, la intención es que este se realice de forma equitativa y sin arbitrariedades.
Reacciones al proyecto
La iniciativa ha sido bien recibida por líderes de opinión y organizaciones relacionadas con la movilidad. José Daniel López, director de Alianza In Colombia, celebró la aprobación del proyecto, destacando que representa un avance significativo en la protección de los derechos de los conductores:
“El Concejo aprobó un proyecto que protege a los conductores que trabajan a través de apps de abusos de autoridad cuando les imponen comparendos. Muchas veces les quitan el teléfono, interrogan por separado a usuarios y conductores, etc. Esta norma evitará esos abusos”.
Además, López subrayó que aunque esta normativa no resuelve el problema de la falta de regulación para las plataformas, envía un mensaje político claro sobre la necesidad de un diálogo constructivo entre las partes involucradas.
¿Qué sigue para los conductores y usuarios?
Este proyecto de acuerdo abre la puerta a un debate más amplio sobre la regulación de las plataformas de transporte en Colombia. Mientras otros países de la región han adoptado marcos legales que integran estas aplicaciones al sistema de movilidad, en Colombia el tema sigue siendo objeto de controversia.
Para los conductores, la aprobación de esta normativa es un alivio parcial, ya que proporciona mayores garantías frente a los operativos. Sin embargo, la falta de una regulación integral sigue siendo un desafío que afecta tanto a ellos como a los usuarios que dependen de estos servicios para su movilidad diaria.
Conclusión
La aprobación de este proyecto de acuerdo representa un avance importante en la búsqueda de una movilidad más justa y equilibrada en Bogotá. Aunque aún queda camino por recorrer, especialmente en términos de regulación, estas medidas son un paso en la dirección correcta para proteger los derechos de los conductores y garantizar un servicio más transparente para los millones de usuarios que confían en estas plataformas.
En el futuro, será crucial que las autoridades locales y nacionales trabajen conjuntamente para establecer una regulación que equilibre los intereses de todas las partes, promoviendo una movilidad más eficiente y accesible en Colombia.
